Cobro de prestaciones por desempleo

El desempleo es, en los tiempos que corren, un problema eje de la sociedad española. Entre otros puntos negativos, fomenta el incremento de la desigualdad y la exclusión social. Es por eso que la protección por desempleo se posiciona hoy entre las prioridades de los Sistemas de Seguridad Social.
Los poderes públicos han tomado conciencia de que la falta de empleo, cuando llega a determinado nivel, constituye un problema que repercute en la totalidad de la nación. El seguro de desempleo tiene dos objetivos principales: por un lado, reducir, contrarrestar la pérdida de renta que deriva del desempleo; por el otro, garantizar la asistencia y ayuda adecuada en caso de necesidad, especialmente en situación de desempleo.
El cobro del paro es un beneficio destinado a aquellas personas que, pudiendo y queriendo trabajar, hayan perdido temporal o definitivamente su empleo; también está considerado para aquellos a los que se las haya reducido temporalmente la jornada, al menos en una tercera parte. Cuando dichas situaciones acarreen una comprobable pérdida o reducción del salario, los afectados podrán tramitar el acceso al cobro del paro.
Las situaciones legales de desempleo establecidas para ser considerado beneficiario de la prestación por desempleo, son las siguientes:

  1. La extinción de la relación laboral. Finalización del contrato o realización de la obra o servicio objeto del contrato (siempre que no sea por voluntad del trabajador); despido; despido colectivo: resolución de la relación laboral en el período de prueba; muerte, jubilación o incapacidad del empresario; despido del trabajador por causas objetivas; declaración de incapacidad permanente total para la profesión; resolución voluntaria del trabajador por traslado a otro centro de trabajo de la empresa que exija cambio de su residencia habitual; resolución voluntaria del trabajador por modificación sustancial de las condiciones de trabajo; resolución voluntaria del trabajador por causa justa; resolución voluntaria de la trabajadora como consecuencia de ser víctima de violencia de género; extinción de la relación administrativa por causa distinta a la voluntad del empleado; expulsión improcedente de una cooperativa; cese de socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que finalizan el periodo de duración del vínculo societario temporal.
  2. La suspensión autorizada de la relación laboral.
  3. La reducción temporal y autorizada de la jornada de trabajo. Será reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo cuando ésta se vea reducida entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70%, en virtud de la autorización conferida al empresario en resolución dictada por la Autoridad Laboral, siempre que el salario sufra una reducción análoga.
  4. El retorno a España de los trabajadores españoles que finalicen una relación laboral en el extranjero.
  5. La liberación de prisión por cumplimiento de condena o libertad condicional.
  6. El cese involuntario en el cargo de los miembros de corporaciones locales, cargos representativos de los sindicatos y altos cargos de las administraciones públicas.